El desacato presidencial tiene serias consecuencias para el respeto al Estado de derecho y a las disposiciones que emitan los juzgadores en todos los temas.

Los daños colaterales por la destrucción del orden constitucional que hace el nuevo gobierno afectarán a todos con el impacto a la economía por alentar la desconfianza de los inversionistas nacionales y extranjeros, al tiempo de darle armas a la próxima presidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, para ajustar el T-MEC a sus plenos intereses, con el argumento de que con la reforma judicial se atenta contra la democracia, el respeto a los derechos humanos y la división de poderes.

La cerrazón existente por parte de la jefa del Ejecutivo federal en torno a la reforma judicial es de tal envergadura que pareciera que AMLO sigue viviendo y despachando en Palacio Nacional.

Los asesores jurídicos de Claudia Sheinbaum le prenden más fuego a la hoguera con aseveraciones tergiversadas que solo exacerban los ánimos entre los especialistas y, por supuesto, entre los trabajadores de todos los niveles del Poder Judicial.

El desacato presidencial tiene serias consecuencias para el respeto al Estado de derecho y a las disposiciones que emitan los juzgadores en todos los temas y que dan paso a que el ciudadano de a pie tome la ley en sus manos y se abstenga de respetar el acuerdo social derivado de la Carta Magna que cita sus derechos y obligaciones.

Así que ante este choque de trenes, por un lado, el Poder Ejecutivo y Legislativo, y por el otro, el Poder Judicial, solo resta resguardarse porque los daños para el país serán incalculables, ya que pegará en los ámbitos social, económico y político.

Cierto, ante la carencia de una oposición fuerte, cohesionada e inteligente, el oficialismo hace de las suyas hasta instaurar plenamente la autocracia y asegurar con ello la permanencia en el poder para los próximos lustros.

Mientras lo que queda del PAN y PRI es devorado por las luchas intestinas y por agenciarse por parte de sus dirigentes las sobras de esas franquicias, el partido en el poder se despacha con la cuchara grande.

Son tan timoratos y limitados que siguen atolondrados por el tsunami que los azotó el pasado 2 de junio.

¿O usted cree, estimado lector, que las cosas en el blanquiazul cambiarán con el relevo de Marko Cortés por Jorge Romero, quien es otro cachorro de los azules con una estatura política muy reducida y poder de convocatoria entre la población tan acotada que no podría ganar una elección de cierta relevancia?

La oposición está reducida a una presencia marginal en el Congreso y párele de contar.

En este contexto, seguiremos siendo testigos de cómo se termina de desmoronar el gobierno de la 4T que ha colocado a México en la antesala de la degradación por parte de las calificadoras internacionales y con ello, los problemas económicos crecerán a tal nivel que se vislumbra la recesión económica, devaluación y por desgracia la ingobernabilidad.

Están jugando con fuego y aunque lo saben, seguirán persistiendo en implementar la reforma judicial hasta sus terribles y finales consecuencias.

La reforma en cuestión fue hecha con las patas y da pie, ante los yerros y lagunas jurídicas, a que los propios legisladores de Morena se peleen entre sí para comerse la mayor parte del pastel.

Tan solo hay que ver la disputa que se da entre el diputado Ricardo Monreal y el senador Gerardo Fernández por agenciarse el Comité de Evaluación, que será el que decida a los candidatos a juzgadores federales que se elegirán el próximo año.

No está por demás poner atención a lo dicho por la ministra presidenta de la Corte, Norma Piña, en torno a que la democracia constitucional implica no solo una mera gobernabilidad, sino una gobernabilidad democrática, entendida como el gobierno de una comunidad plural de ciudadanos en libertad, el gobierno de un todo de mayorías y minorías, donde se escucha a todos y en donde no se desoye a nadie.

Un gobierno, en suma, donde se garantizan los derechos fundamentales, universales, interdependientes, indivisibles y progresivos del ser humano.

Así las cosas, la autocracia impondrá su ley y con ello se fortalecerá a un alto costo social, pero ello qué importa, si de lo que se trata es de mantener el poder a costa del sufrimiento de los mexicanos, en particular de los que menos tienen. Al tiempo.